Entre el ajetreo que supone tener que meter a contrarreloj parte de una vida en cajas, con la vista puesta en el viernes, Sonia encuentra un hueco para hablarnos de una historia, la suya, que si bien está llena de particularidades apunta a que tendrá un final conocido: una nueva familia de Lavapiés se verá obligada a dejar su casa, sin alternativa habitacional, por un desalojo.

Desde hace 9 años vive junto a su hijo de 23 años y su hija de 12 en el primero D del número 11 de la calle Sombrerete, el piso municipal -como todo el edificio- propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) que, salvo sorpresa, deberá dejar mañana, a las 11:45 horas.

Su expulsión llega por orden judicial como culmen de un procedimiento de desahucio por un delito de usurpación dado que, técnicamente, Sonia es una okupa, condición que para la EMVS prevalece sobre cualquier otra consideración.

Ciñéndose a la necesidad de restablecer la legalidad, fuentes de esta sociedad de titularidad pública dicen desconocer la situación de Sonia, de largo historial en los servicios sociales municipales y que alega que en todo el tiempo que lleva viviendo en Sombrerete no le ha sido posible negociar con la EMVS el acceso a un alquiler social.

«Yo nací en la calle Toledo y con 15 años me vine a vivir con mis padres a este mismo edificio de Sombrerete. A los 18 años fui madre, salí de la casa familiar y en 2015, cuando atravesaba una situación personal muy complicada, me vi obligada a okupar el piso en el que vivo desde entonces y que llevaba 8 años cerrado. A los pocos días de entrar en la vivienda apareció un hombre al que el Ayuntamiento había adjudicado la casa, pero yo ya no me fui. Sé que esta persona no tardó en conseguir otra vivienda municipal en el barrio. Tuve un juicio a los cinco meses, me pusieron una multa que pagué y hasta ahora», resume Sonia.

Lejos de mejorar, desde 2015 a esta parte la suerte de Sonia se puede decir que ha empeorado: a sus 43 años, enferma y víctima reconocida de violencia de género, sobrevive gracias al Ingreso Mínimo Vital que percibe mientras trata de sacar adelante, muy especialmente, a su hija, con serios problemas de salud y una minusvalía del 45%.

«¿Cómo la EMVS no se ha informado de mi situación? Yo no me niego a pagar pero necesito que se me ofrezca un alquiler social asequible, acorde a mis ingresos. En este mismo edificio el Ayuntamiento tiene, al menos, 4 pisos que permanecen cerrados y en el barrio la EMVS tiene muchas casas vacías: en Embajadores, en Provisiones, en Amparo…», asegura esta vecina.

«Sé que hay mucha gente esperando a que se les adjudique una vivienda, pero yo también soy una de ellas. Todo lo que no sea un alquiler social está fuera de mi alcance. Aquí cerca piden 650 euros mensuales por 17 metros cuadrados pero es que en ninguna parte me van a aceptar como inquilina subsistiendo con el IMV».

«Todo el mundo me conoce en el barrio. Me han visto crecer a mí y a mis hijos. Nos llevamos bien con todo el mundo. Mi hija está escolarizada en el colegio San Alfonso, en Mesón de Paredes, y también recibe clases de apoyo escolar en Lavapiés. La niña ya está acusando toda esta situación y tengo un informe psicológico sobre el golpe que le supondría sacarla de su entorno», cuenta antes de hablar de la recogida de firmas que ha hecho entre sus vecinos para mostrar su arraigo en la zona y que el pasado martes adjuntó, junto con otros documentos, al recurso que presentó in extremis en el juzgado contra la orden de desahucio alegando situación de extrema vulnerabilidad.

A Sonia no le son ajenos otros desalojos anteriores que ha habido en el barrio. Ha estado vinculada a colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Sabe que es difícil que se paralice su desahucio y, en cualquier caso, que la cosa acabe bien.

Hablamos del reciente desalojo que sufrió otra vecina, Zohra, también enferma y con un niño en edad escolar y una discapacidad reconocida. A ella las administraciones le ofrecieron un alojamiento alternativo, pero sólo durante dos meses. «La gente se cree que a las personas con hijos menores no nos dejan en la calle pero no es así», afirma Sonia, que cree que hay que contar los desahucios y a quien no le importa dar la cara.

Antes de la despedida, menciones al famoso artículo 47 de la Constitución. Tras 40 minutos de charla, Sonia vuelve a sus cajas. Tampoco le queda tanto por embalar: «Me dejo todos los muebles y hasta la nevera. No tengo dónde meterlos. Sólo me llevo la ropa y la televisión».

Distintos vecinos y colectivos de Lavapiés han hecho un llamamiento para intentar parar el desahucio de Sonia y, en cualquier caso, para mostrarle su apoyo. La cita es este viernes, desde las 10 de la mañana, en Sombrerete 11.