Zohra, su hijo de 8 años y su marido, quienes fueron desalojados del que había sido su hogar durante años, en el 31 de la calle Zurita, el pasado 24 de julio, vuelven a estar sin un techo bajo el que resguardarse.

Así lo denuncia el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid después de que ayer fueran expulsados «sin previo aviso» de la pensión del distrito Centro donde desde hace un mes la Comunidad de Madrid les venía ofreciendo un alojamiento tan provisional que jamás les informó de cuánto iba a durar este recurso al que llegaron el 18 de septiembre, fecha en la que se les echó del centro de acogida Las Caracolas al que se les había derivado desde los servicios sociales municipales cuando un juez ordenó ejecutar su desahucio de Zurita sin atender a la moratoria gubernamental que prohíbe este tipo de actuaciones cuando el casero demandante es un multipropietario y los desalojados se encuentran en una manifiesta situación de vulnerabilidad y carecen de alternativa habitacional, circunstancias que se cumplían todas ellas en el caso de Zohra.

En tres meses, tres forzosos cambios de domicilio, intentos fallidos de acceder a un alquiler social -algo que llevan solicitando desde 2018- y, ahora, incertidumbre infinita sobre su futuro que desde la administración no aciertan a despejar siquiera un poco.

Para el Sindicato de Inquilinas, la de Zohra es un ejemplo de «la realidad de los desahucios y de las alternativas habitacionales que ofrecen. Una espiral de violencia sin límites«.

Sobre su última expulsión aseguran: «No había ningún tipo de aviso de que esto iba a suceder hoy. Sin orden judicial, es un desahucio ilegal»

“Zohra y su familia sobreviven con una pensión y un pequeño ingreso mínimo vital, mientras que los precios del alquiler de una vivienda alcanzan los 1.400 euros mensuales, con requisitos además de tener contrato fijo y un año de trabajo estable, condiciones imposibles para Zohra debido a su situación económica y de salud”.