Tal y como era de esperar, el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid celebrado este miércoles ha aprobado provisionalmente, con los votos del PP, que ha hecho valer su mayoría absoluta, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que marca una nueva regulación para las viviendas de uso turístico (vut). Al texto, al que desde el consistorio se refieren como Plan Reside y los grupos de la oposición llaman Plan Expulsa (Más Madrid) y Plan Especula (PSOE) sólo le queda un paso más para entrar en vigor: el visto bueno de la Comunidad de Madrid el próximo agosto.

El Plan Reside jubila el Plan Especial de Hospedaje que puso en marcha el gobierno de Manuela Carmena. A grosso modo, las diferencias más significativas entre ambos son que el nuevo plan divide la ciudad en sólo dos zonas (centro histórico y resto) a la hora de establecer medidas en materia de alojamiento vacacional, prohíbe que en el centro histórico urbanístico (AP-01) se abran vut en bajos comerciales aunque dispongan de entradas independientes y posibilita que edificios completos de vecinos se transformen en bloques dedicados al turismo durante un máximo de 15 años siempre que exista una rehabilitación del inmueble.

Es este último punto el más conflictivo del nuevo plan. Para Más Madrid y PSOE permitir el uso turístico de edificios residenciales que sean restaurados, siquiera por tiempo limitado, va a fomentar una situación que ya se está produciendo en toda la ciudad: la compra de edificios enteros de inquilinos por parte de fondos de inversión y corporaciones que no renuevan los contratos de alquiler existentes y que, por lo tanto, expulsa vecinos de los barrios. Para el PP, sin embargo, es la solución a separar viviendas turísticas de viviendas residenciales sin prohibir el tipo de alojamientos airbnb, que consideran necesarios y que son usados por uno de cada tres turistas que visitan Madrid, según sus cálculos.

En cifras, el PSOE asegura que en el denominado centro histórico urbano, zona en la que se incluye la totalidad de los distritos de Centro, Chamberí, Salamanca y Retiro, así como parte de los de Arganzuela y Moncloa, «el 67% de todos los edificios podrán convertirse enteros en pisos turísticos», según el Plan Reside. El concejal Antonio Giraldo, en su cuenta de la red social X, ha indicado que el distrito Centro tiene 6914 inmuebles, de los que 5413 podrían legalmente sufrir esa transformación. Afinando aún más, Giraldo asegura que «en barrios aún residenciales como Lavapiés, Malasaña, Argüelles… la práctica totalidad de sus edificios son ahora susceptibles de convertirse en bloques completos de pisos turísticos».

Por su parte, los cálculos de Más Madrid apuntan a que serían 10.469 viviendas del distrito Centro las que podrían pasar de residenciales a turísticas con la nueva norma. Para este grupo político el Plan Reside «sirve en bandeja la ciudad a los fondos de inversión y los grandes operadores turísticos».

Aunque tanto PSOE como Más Madrid han lanzado la alarma con cifras de máximos, son los edificios de propiedad vertical, los que tienen un único dueño, a los que más pueden afectar los cambios del Plan Reside. En este sentido, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha dicho que en el centro histórico hay 1.200 de estos edificios. Estimaciones del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid elevan a 30.000 los bloques de estas características en toda la ciudad.

En Lavapiés los futuribles de los que advierten desde la oposición son ya casos concretos con conflictos abiertos en Tribulete 7, Zurita 22, Buena Vista 25, San Ildefonso 20, Mesón de Paredes 88 o Tirso de Molina 20, por citar algunos de los que se han expuesto públicamente. Pero el problema se puede incrementar significativamente. Los vecinos afectados en los citados inmuebles han denunciado que sus viviendas acabarán siendo explotadas turísticamente pero si hasta ahora eso era algo que, cuanto menos, los propietarios debían maquillar de alguna manera -el alquiler de temporada es la fórmula preferida-, al no estar permitido el cambio de uso residencial de un edificio a uso terciario, a partir de ahora se podrá hacer de forma legal durante 15 años.