En Lavapiés-Embajadores vecinos de edificios como Tribulete 7, Zurita 22, Buena Vista 25 y San Ildefonso 20 atraviesan por una problemática similar. Además de las circunstancias, todos ellos tienen en común otra cosa: con la ayuda del Sindicato de Inquilinas de Madrid se han declarado «bloques en lucha», sus habitantes se niegan a abandonar sus casas, siguen pagando sus correspondientes rentas aún cuando han finalizado sus contratos y, mientras, tratan de buscar soluciones con sus respectivos caseros, poco receptivos a las negociaciones conjuntas. Mesón de Paredes 88 se acaba de unir a este ramillete de rebeldes y van a presentar al barrio lo específico de su situación en una jornada de protesta festiva que han organizado para el próximo día 15 de mayo a las 12 horas, una cita con «música, sorpresas y lucha vecinal», según anticipan.
Quizá lo especial de lo que sucede en este edificio, si se compara con los otros casos que se dan en Lavapiés, sea el hecho de que la nueva situación a la que se enfrentan sus vecinos no viene motivada por la venta del inmueble a otra empresa o a un fondo de inversión sino por un cambio en la estrategia de explotación del bien por parte de los dueños de siempre, los Campos Cebrián, algo que ya ha quedado de manifiesto en, al menos, dos bloques más de su propiedad situados en otras zonas de la ciudad como General Lacy 22 (Arganzuela) y Modesto Lafuente 8 (Chamberí), donde mantienen frentes abiertos con sus inquilinos por las mismas razones.
Furud 2024 SL, sociedad limitada domiciliada en Salesas y controlada por los González-Ruano, es la empresa que administra actualmente el número 88 de Mesón de Paredes. Según asegura Benjamín Jiménez, mandó un mediador para hablar de forma individual con los distintos vecinos, que se negaron a atenderlo. «Sabemos que es lo que han hecho ya en otros bloques», indica este portavoz, quien reclama una negociación conjunta con todos los inquilinos y lamenta lo difícil que resulta comunicarse directamente con la propiedad.
Este tipo de vaciado de edificios es algo que está sucediendo en Madrid de forma constante y son quienes viven de alquiler en inmuebles de propiedad vertical que pertenecen a un mismo propietario los que tienen más papeletas para encontrarse en un momento dado en esta situación. Según el Sindicato de Inquilinas, en la Comunidad de Madrid hay 30.000 bloques de propiedad vertical. Los casos que salen a la luz pública suelen ser los de los vecinos que se plantan ante la propiedad, inician un contencioso con la misma y denuncian públicamente su situación. Otros muchos, seguramente la mayoría, aceptan sin más su destino, como sucede en Lavapiés, por ejemplo, con los inquilinos del número 20 de la plaza de Tirso de Molina.
Convertir un edificio catalogado de uso residencial en un inmueble dedicado al alquiler vacacional no es algo sencillo si nos atenemos a la legalidad actual y no son pocos los propietarios que, tras conseguir un vaciado de inquilinos, han tenido que recurrir a fórmulas menos reguladas como la del alquiler de temporada para salvar la legislación vigente. Sin embargo, el llamado Plan Reside que el gobierno de Almeida aprobará este mes de mayo y que modificará el Plan General de Ordenación Urbana podría cambiar este tablero.