En el centro de la imagen, el edificio del número 8 de la calle Olmo | Foto: XLAVAPIÉS

El próximo viernes está notificado el desahucio de una familia de Lavapiés residente en el número 8 de la calle Olmo. La familia, fuertemente arraigada en la zona y en situación de vulnerabilidad extrema, está formada por una mujer y por sus dos hijos de 12 y 6 años de edad que, a día de hoy, carecen de alternativa habitacional. Sus vecinos, otras seis unidades familiares que habitan el mismo inmueble e, igualmente, están en situación precaria, también deberán abandonar sus viviendas este mes.

Cruz Roja es la entidad que ha iniciado el proceso judicial que ha derivado en el posible lanzamiento. También es la que ha estado gestionando, desde 2009 y mediante un convenio con lo que sería la actual área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, todo el edificio del 8 de la calle Olmo, un inmueble de propiedad municipal adscrito a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS).

Construido en el siglo XIX, el edificio fue objeto de una rehabilitación integral por parte de la EMVS que, respetando solo su fachada protegida, procedió a crear 7 nuevas viviendas de dos dormitorios y una media de 52 metros cuadrados, más un local comercial en planta baja.

Desde entonces ha estado cedido a Cruz Roja para que la organización desarrollara en él un proyecto de albergue con «viviendas protegidas solidarias» y «distintos programas de atención a personas necesitadas» -según se indica en el portal web el Ayuntamiento-, dentro del Programa de Alojamiento Alternativo y Temporal de Entidades Sociales, puesto en marcha por el área de Políticas Sociales.

«LA RESPONSABILIDAD, DE CRUZ ROJA«

La decisión «voluntaria» de Cruz Roja de no seguir participando en el citado Programa de Alojamiento Alternativo municipal es la que deriva en la actual situación: según lo estipulado en el convenio firmado con el área de Políticas Sociales, la finalización del acuerdo conlleva el compromiso de la oenegé de devolver el edificio a la EMVS libre de enseres y de ocupantes. La fecha de finalización del contrato de arrendamiento es el 11 de mayo, el próximo sábado.

La gestión de Olmo 8 por parte de Cruz Roja implicaba que esta entidad ha sido la encargada de elegir a las familias que se han ido alojando en el inmueble y de hacer un seguimiento de cada situación particular. El objetivo, en todo caso, era el de conseguir que pudieran valerse por sí mismas en todos los sentidos después de un acompañamiento temporal. Por lo tanto, según indican tanto desde la EMVS como desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, dirigida en la actualidad por el anterior concejal de Centro, José Fernández, es «responsabilidad de Cruz Roja» lo que ahora suceda con las familias que viven en Olmo 8.

«Compete a Cruz Roja ofrecer una alternativa habitacional a esas familias, así como también era la responsable de desarrollar el proyecto de intervención social con ellas y del seguimiento de los casos», indican claramente fuentes del Ayuntamiento.

Contactada Cruz Roja Madrid por este periódico, la oenegé se ha limitado a decir que «siempre propondrá alternativas habitacionales» a las familias afectadas, pero lo cierto es que a escaso día y medio de que se produzca el desahucio esa alternativa no está sobre la mesa de los interesados.

Tampoco ha explicado la entidad en qué consistiría esa alternativa y precedentes cercanos no invitan al optimismo sobre la resolución del problema: de la misma forma que Olmo 8, Cruz Roja ha estado gestionando otro edificio, dentro del mismo programa municipal de vivienda, en la calle Transversal Sexta, en el distrito de Villaverde. En ese caso fueron 13 las familias en riesgo de exclusión social las afectadas. Cuando finalizó el contrato de arrendamiento del edificio la oenegé trató de devolver las llaves del inmueble a la EMVS con los inquilinos dentro, los cuales se podría decir que, actualmente, permanecen en condición de okupas en el mismo.

Por otra parte, aún siendo tajante sobre quién debería solucionar la situación de Olmo 8, desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad aseguran: «Si se ejecuta el desahucio y Cruz Roja se desentiende y no facilita una alternativa a los afectados, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la familia los recursos municipales temporales con los que cuenta para paliar estas situaciones de emergencia social». En casos como éste, con menores incluidos, es el Samur Social el encargado de intervenir ante la falta de una alternativa habitacional.

167 VIVIENDAS EN UN PROGRAMA DE ALOJAMIENTO DE ENTIDADES SOCIALES QUE ACABA

Las siete viviendas de Olmo 8 son parte de las 167 de la EMVS que, agrupadas en 34 proyectos, forman parte del Programa de Alojamiento Alternativo y Temporal de Entidades Sociales y que están cedidas, mediante convenio con el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, a distintas organizaciones.

Cruz Roja ha sido la responsable de dos de estos proyectos, hasta comunicar al Ayuntamiento su intención de no continuar con ellos.

En cualquier caso, el programa en sí, al menos tal y como está concebido en la actualidad, tiene fecha de caducidad: el convenio finalizará con el año, el 31 de diciembre y el Ayuntamiento aún no se ha pronunciado sobre si lo renovará, le dará continuidad con ciertos cambios o transformará por completo la gestión de ese parque de viviendas sociales que tiene.

Ante este panorama incierto, desde la EMVS informan a xLavapiés que lo que se está haciendo es ofrecer a todas las entidades sociales participantes en el programa la renovación automática, en principio hasta final de año, de los contratos de arrendamiento de los edificios que gestionan y que van venciendo hasta ver qué decisión toma el Ayuntamiento.

Cruz Roja habría descartado esa opción. Su contrato en Olmo 8 expira el 11 de mayo.

La EMVS aclara que no ha exigido a la oenegé la entrega inmediata de las llaves del edificio y que ha sido ésta la que ha renunciado a prorrogar el acuerdo.

Lo que podría pasar con todas las familias que actualmente habitan en las 167 viviendas gestionadas por entidades sociales si el Ayuntamiento decidiera no renovar el convenio y acabar con esa forma de gestión es difícil de imaginar. Desde la EMVS indican que hay 40.000 familias solicitando una vivienda social en Madrid que, seguramente, están en situaciones tan delicadas como las familias que, elegidas por las distintas entidades sociales, habitan ahora en esos pisos municipales. El Ayuntamiento no ha elegido a los actuales inquilinos de esas 167 viviendas y siente que no es responsabilidad suya proporcionarles una alternativa habitacional que presupondría que tienen más necesidad o urgencia que la que presentan el resto de solicitantes de un piso social.

LLAMADA A PARAR EL DESAHUCIO

Ajenos al debate sobre a quién corresponde la responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional a quienes viven en Olmo 8, distintos colectivos sociales y vecinales de Lavapiés han convocado para este viernes, desde las 9 de la mañana, una concentración en apoyo a la familia notificada de desahucio.

El objetivo es lograr que se par su expulsión de la casa por carecer de alternativa, lo que supondría, entre otras cosas, dejar a dos menores en la calle, aseguran los convocantes.

La familia lleva viviendo desde el año 2018 en el tercero izquierda de Olmo 8 y, tal y como se ha apuntado anteriormente, es muy conocida en Lavapiés, por lo que los convocantes esperan lograr un fuerte respaldo.

Según ha podido saber este periódico, esta misma mañana la familia ha enviado al juzgado una solicitud de aplazamiento del lanzamiento, junto a un informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales, aunque esta llega fuera de plazo y hay serias dudas de que el juez pueda pronunciarse antes de la ejecución del mismo.

La más reciente llamada de este tipo se produjo en el mes de febrero ante la amenaza de desahucio a una vecina de 94 años en el número 35 de la calle Doctor Fourquet. En aquella ocasión no se llegó a ejecutar el desahucio.