El edificio del número 50 de la calle de Lavapiés está dividido en 19 apartamentos, 19 trasteros y un bajo comercial. De uso residencial, un promotor cerrará su compra a finales de este mes para, posteriormente, y a través de una sociedad vehículo participada por pequeños inversores, transformarlo en un edificio dedicado al alquiler turístico aprovechando el Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid.

El Plan Reside permite realizar este tipo de operaciones de cambio de uso en inmuebles de especial protección o que precisen de una reforma integral con la obligatoriedad de su vuelta al mercado residencial en un máximo de 15 años, por lo que para el Ayuntamiento se trata de en un mecanismo de financiación de la rehabilitación de viviendas que vendría a proteger su uso residencial.

Para la oposición municipal, sin embargo, la medida contribuye a la expulsión de vecinos y permite una desafección temporal demasiado prolongada del ya de por sí escaso parque de viviendas.

Maquillaje rehabilitador para especular

El caso de Lavapiés 50 bien podría dar la razón a los críticos con el Plan Reside. Según explica la plataforma Urbanitae -la empresa encargada en estos momentos de buscar a los pequeños inversores que deseen financiar el proyecto de este edificio a cambio de un retorno con posibles ganancias en tan sólo 22 o 24 meses-, hay negocio en una operación que contempla "la adquisición del activo bajo un esquema de alquiler a medio plazo de hasta un año y, simultáneamente, solicitar la licencia del 'Plan Reside' para reconvertir el activo a uso de alquiler turístico durante 15 años, operarlo como VUT (Vivienda de Uso Turístico) y su posterior venta a un inversor institucional o patrimonialista".

A la hora de explicar el 'business' a los futuros pequeños inversores, desde Urbanitae indican claramente que el edificio de Lavapiés 50 se encuentra en un excelente estado de conservación, habiendo sido renovado recientemente, y que tan sólo prevén realizar "reformas menores" con el único objetivo de conseguir la licencia de uso turístico, algo que aseguran tener prácticamente garantizado.

En resumidas cuentas, sin ocultar sus intenciones, en una campaña promocional para captar dinero Urbanitae se jacta de llevar a cabo una operación especulativa gracias a la puerta abierta por Almeida a este tipo de negocios merced al Plan Reside.

Urbanitae también explica que el promotor entregó las arras para adquirir el edificio el pasado mes de febrero, que la compra se firmará a finales de junio y que en el inmueble hay una persona en régimen de alquiler de renta antigua con la que se está llegando a un acuerdo de rescisión del contrato.

El edificio cuenta con una superficie construida de 1.443 m2 distribuidos en 4 plantas y posee una protección patrimonial de nivel 3. "La inversión total asciende a 4 millones y medio de euros, de los cuales 3.375.000 € corresponden a la aportación de inversores de Urbanitae, 1.125.000 € al promotor y 4.445.000€ a financiación bancaria nacional que ya se encuentra aprobada", asegura Urbanitae.

"Democratizadores" de la inversión inmobiliaria

Las empresas como Urbanitae se presentan a sí mismas como plataformas para "democratizar la inversión inmobiliaria", permitiendo que pequeños ahorradores accedan a proyectos que tradicionalmente estaban reservados a grandes patrimonios o inversores institucionales.

Son plataformas de financiación participativa (crowdfunding inmobiliario) autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como proveedores de servicios de financiación participativa.

Su modelo de negocio consiste en poner en contacto a promotores inmobiliarios que buscan financiación con miles de particulares, permitiéndoles participar como inversores desde 500 euros.

Con esas cantidades tan bajas y con la ley de Almeida soplando a favor, cualquiera puede tratar de ganar dinero a costa de restar residentes a un barrio.