Los desahucios en Lavapiés tienen nombres propios, fechas y direcciones concretas. Algunos se ejecutan mediante importantes dispositivos policiales; otros se paralizan en la puerta gracias a la movilización vecinal. También los hay que avanzan piso a piso y sin comisiones judiciales, cuando los contratos van venciendo y los propietarios se niegan a renovarlos.

El mediático desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, en Retiro, ha sido la espoleta que parece haber dinamitado una realidad que miles de personas soportan cada año.

En xLavapies.com hemos ido informando poco a poco de este mal con foco en lo que sucede a diario en el barrio. ¿Hacemos memoria?

Marina

El 10 de julio de 2024 fue desahuciada Marina López, una vecina de 94 años que llevaba 34 viviendo en Doctor Fourquet 35. Cobraba una pensión de 517 euros con la que no podía asumir los 650 euros del alquiler. En el tercer intento, nueve furgones policiales cerraron la calle mientras la anciana era trasladada en ambulancia a una residencia. Marina murió allí seis meses después, el 15 de enero de 2025.

Zohra

Catorce días después, el 24 de julio, se ejecutó el desahucio de Zohra, su marido y su hijo, que llevaban una década viviendo en Zurita 31. La familia fue expulsada pese a encontrarse en situación de vulnerabilidad y a la moratoria antidesahucios vigente. El Ayuntamiento les ofreció alojamiento temporal en el centro de Las Caracolas y en una pensión, de donce también tuvieron que salir al poco tiempo.

Sonia

En noviembre del mismo año fue desalojada Sonia, junto a sus hijos, de una vivienda municipal de Sombrerete 11. Enferma, perceptora del Ingreso Mínimo Vital y víctima reconocida de violencia de género, pedía a la EMVS un alquiler social acorde con sus ingresos. Su hija menor tenía una discapacidad reconocida y estaba escolarizada en el barrio.

Mariano

El último de los grandes desalojos conocidos es el de Mariano Ordaz, ejecutado el 7 de mayo de 2026 en Carnero 1. Mariano, de 67 años, había nacido en aquella vivienda y nunca había vivido en otra casa. Tras cuatro intentos suspendidos, la Venerable Orden Tercera de San Francisco —VOT— consiguió desalojarlo en el quinto, después de varias horas de resistencia vecinal y un amplio despliegue policial. Salió bajo la lluvia con una mochila y una bolsa y fue recogido por el Samur Social.

Rahman: tres intentos de desahucio frenados en Amparo 81

El 2 de julio de 2025 estaba señalado el desahucio de Rogman, su pareja y sus dos hijos menores de Amparo 81. La familia, de origen bangladesí, llevaba diez años viviendo de alquiler y aseguraba haber pagado puntualmente todas las mensualidades.

El procedimiento no tenía su origen en una deuda de la familia, sino en los impagos que el propietario de la vivienda mantenía con Building Center, la inmobiliaria de CaixaBank. La ejecución hipotecaria colocó así a unos inquilinos cumplidores ante la posibilidad de quedarse en la calle por una deuda ajena.

Aquel lanzamiento fue paralizado, pero no terminó con la amenaza. El 8 de octubre hubo un nuevo intento en Amparo 81. La movilización vecinal consiguió detenerlo en la puerta. Posteriormente se señaló otro lanzamiento, que también fue suspendido después de que el Sindicato de Inquilinas de Madrid lograra abrir una negociación con CaixaBank.

Paquita y el desahucio silencioso

También se encuentra amenazada Paquita, una vecina de 82 años con Parkinson y dependencia de grado III que lleva desde 1998 viviendo en Santa Ana 6.

Su caso no deriva de un impago: abona una renta de 1.150 euros. Según la Asociación Vecinal La Chispera, la propiedad, Tolesanta, quiere recuperar la vivienda para dedicarla al alojamiento turístico, como habría hecho con otros pisos del edificio.

Es un desahucio silencioso porque no comienza con una deuda, sino con la negativa del propietario a renovar el contrato. La inquilina paga, quiere continuar haciéndolo y dispone de ingresos para ello, pero puede perder la casa porque su explotación turística puede resultar más rentable a la propiedad.

Cinco bloques que se niegan a ser vaciados

El mismo proceso de expulsión, solo que con diferente envoltorio, amenaza a edificios enteros de Lavapiés. Muchos de sus vecinos se han organizado con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, se han declarado “bloques en lucha” y han decidido permanecer en sus casas y seguir pagando la renta, aunque sus contratos hayan finalizado y sus caseros quieran echarlos.

En Tribulete 7, donde vivían 54 unidades familiares, la socimi Elix Rental Housing adquirió el inmueble con un modelo de negocio basado en reformar las viviendas y devolverlas al mercado con alquileres más elevados. Los vecinos iniciaron una negociación colectiva y posteriormente presentaron la primera querella colectiva por acoso inmobiliario contra la propiedad. Ante la presión, la mayoría han acabado por marcharse, pero queda un puñado de resistentes dispuestos a dar guerra. Se les ha llevado a juicio de forma individual.

En San Ildefonso 20, los inquilinos denunciaron presiones, falta de mantenimiento y la negativa a negociar colectivamente. La sociedad ATM TYR compró el edificio por 4,3 millones de euros y, tres meses después, pidió a los propios vecinos 5,2 millones para vendérselo. Quienes todavía resisten aspiran a constituir una cooperativa y sacar el inmueble del mercado especulativo.

En Mesón de Paredes 88, los propietarios comunicaron que no renovarían los contratos para vaciar el edificio y, presumiblemente, destinarlo al alquiler temporal o turístico. De sus 28 viviendas, cuatro ya estaban cerradas en mayo de 2025 y los habitantes de las otras 24 —entre ellos mayores, niños y personas vulnerables— habían decidido mantenerse unidos y exigir una negociación colectiva.

Por su parte, los 16 vecinos de Buenavista 25 y Zurita 22 se enfrentan a Gloriamundi Producciones, sociedad que compró ambos inmuebles en septiembre de 2023 y comenzó a comunicar que los alquileres no serían renovados. Tres viviendas ya estaban fuera de contrato en noviembre de 2024, pero sus ocupantes continuaban pagando y resistiendo. La propiedad respondió a la campaña vecinal reclamando 10.000 euros al Sindicato de Inquilinas y a los residentes por supuestas injurias y daños al honor.

El barrio que se vacía puerta a puerta

Los casos conocidos representan únicamente la parte visible de un fenómeno mucho mayor. Cada vecino que se marcha al finalizar su contrato sin protestar, cada vivienda que queda blindada y cada piso que reaparece después como alquiler temporal o alojamiento turístico constituyen una expulsión difícil de contabilizar.

Marina, Zohra, Sonia y Mariano fueron desalojados a plena luz del día. Rahman continúa en su vivienda porque la movilización ha conseguido detener tres lanzamientos. Paquita y los bloques en lucha tratan de evitar que decenas de historias similares se consumen en silencio, puerta a puerta y sin que nadie acuda a despedir a quienes se ven obligados a abandonar el barrio.