En el número 6 de la calle Mallorca, haciendo esquina con Ronda de Valencia, hay un edificio de 60 viviendas en el que 29 de ellas son propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Sólo 3 de los pisos públicos están habitados y el citado organismo, tutelado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha comunicado a sus inquilinos que no renovará sus contratos de alquiler, emplazándolos a comprar las propiedades a precio de mercado o a abandonarlas antes del próximo 30 de noviembre.

Tasados en alrededor de 440.000 euros, los inquilinos aseguran que no van a poder adquirir los pisos, por lo que denuncian que el Gobierno promoverá su desahucio encubierto en medio de una crisis de la vivienda como la que estamos atravesando y en un contexto en el que el mismo Ejecutivo aboga por facilitar alquileres asequibles a los ciudadanos y ha prorrogado la suspensión de los desalojos de personas y familias vulnerables hasta finales de año.

La incongruencia está servida, según afirma uno de los afectados, quien señala que lo que sucede en su edificio no es algo único y que en Madrid hay, al menos, otras 30 familias, distribuidas en 10 o 12 bloques distintos, en idéntica situación. Algunas tienen una fecha tope para abandonar sus casas aún más cercana que la de las familias de la calle Mallorca: el 31 de julio.

Todas las familias afectadas por la no renovación de sus alquileres se han agrupado en la Plataforma de Familias Desahuciadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, desde donde están exponiendo públicamente su situación y reclamando al gobierno central "coherencia, justicia y soluciones".

CONTEXTO

El número 6 de la calle Mallorca tiene seis plantas y 10 viviendas en cada una. Según vecinos del edificio, fue levantado para ser alquilado a trabajadores de la TGSS o funcionarios a cambio de rentas bajas. En 2005 se dio la posibilidad a los inquilinos de adquirir los pisos a un buen precio.

Los inmuebles que permanecieron en poder estatal son los que pasaron en 2006 a engrosar el parque de las propiedades que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) sorteó y arrendó a menores de 35 años durante el gobierno de Zapatero, dentro de un plan para promover el acceso joven a la vivienda. Fue en esa época cuando las familias afectadas por el ultimátum dado ahora por su casero estatal entraron en estos pisos.

Si al principio gozaron de un alquiler barato, en 2011 se les aplicó una revisión que hizo que los precios subieran un 30%, momento en el que algunas familias renunciaron a continuar en este tipo de inmuebles y desde entonces, los pisos que se han ido quedando vacíos permanecen sin habitantes, blindados para evitar okupaciones.

Tras desaparecer la SPA, las viviendas volvieron a la TGSS, que ha ido renovando tácitamente los alquileres e incrementando las rentas según el IPC: en la actualidad, los antiguos inquilinos de la SPA estarían pagando una media de 1.000 euros mensuales de alquiler, un precio que quieren dejar claro que no es un alquiler social, aunque reconocen que está por debajo de lo que exige el mercado.

Mallorca 6 es, además, el edificio que más viviendas públicas cerradas acumula. Por otra parte, desde la Plataforma de Afectados dicen que, en el conjunto de edificios de la capital que participaron en su día en el plan de la SPA hay 44 de esas viviendas vacías. Aquella iniciativa consiguió alquilar entre 111 y 116 inmuebles en su momento.

Los afectados por la TGSS critican que el Estado quiera vender ahora al mejor postor las propiedades en las que viven. "¿Dónde se ha visto un Gobierno que mientras habla de alquiler asequible permite que uno de sus organismos expulse a familias? (...) En una realidad donde se estima que en España hay un déficit de 600.000 viviendas es impensable que los poderes públicos opten por desprenderse de un patrimonio que es de todos y que, seguramente, acabará en manos de una promotora inmobiliaria que, tras reformarlos, los venderá a precios desorbitados o los ofrecerá como viviendas turísticas".

"Llevamos años pagando con regularidad nuestra renta y demostrando que estas iniciativas públicas de acceso a la vivienda como la que puso en marcha la SPA funcionan y que son positivas para el Estado desde el punto de vista económico y social", aseguran desde una plataforma que tampoco se corta a la hora de señalar a la TGSS como un "pésimo casero" que tiene los inmuebles en un mal estado de conservación, lo cual habría llevado a los mismos inquilinos a gastar importantes sumas de dinero en su mejora y mantenimiento.

PISOS VACÍOS QUE SEGUIRÁN VACÍOS

Al mismo tiempo, desde la calle Mallorca denuncian lo que consideran una contradicción más: los que la TGSS va a subastar son los tres pisos públicos del edificio en los que siguen viviendo familias, pero no los otros 26 que permanecen vacíos y que sí generan al Estado, cuanto menos, gastos de mantenimiento y de comunidad. También los tres locales del edificio pertenecen al mismo organismo y están sin uso.

Sobre el futuro de esas viviendas indican a este periódico que nada se sabe, aunque de lo que no tienen duda es de que la TGSS lo que desea es deshacerse a toda costa de todas las viviendas, "sin importarles quién se las quede ni lo que pasará con quienes aún vivimos en ellas".

"Pedimos a la TGSS, al Ministerio de Inclusión y al Ministerio de Vivienda un esfuerzo conjunto para una solución que nos permita continuar en nuestras viviendas e impida que se arroje a la voracidad del mercado a unas familias que -arraigadas en el barrio- sólo desean hacer valer el derecho constitucional a una vivienda digna", indican. De no ser así, "estarían alimentando la rueda de la gentrificación que asola a las ciudades españolas, expulsándonos de nuestros barrios, dinamitando redes de convivencia ciudadana tejidas desde hace casi 20 años".