16 de julio de 2024
Calle de Embajadores, con Cascorro al fondo | Foto: A. PÉREZ

El anuncio del alcalde de Madrid de que creará una nueva normativa sobre alquileres vacacionales en la ciudad, aduciendo que la actual no funciona, ha provocado una respuesta conjunta de las asociaciones de vecinos de Centro, entre las que se encuentra La Corrala de Lavapiés, en la que se le dice que el problema no es la ley vigente sino la falta de voluntad a la hora de aplicarla: “Estamos convencidos de que, con las normativas actuales, el problema quedaría reducido a la mínima expresión si fuera usted capaz de resolver conforme a la norma el conflicto que cada día se agrava y extiende más”.

Invitan, además, a Almeida a no echar “balones fuera”: “Recordamos al alcalde que la administración que dirige es la responsable de la legalidad de las actividades económicas en la ciudad de Madrid, a través de la Agencia de Actividades, y de los usos urbanísticos que vienen determinados en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid vigente en estos momentos”.

Sin rodeos, estas asociaciones ponen en duda la voluntad del gobierno local de querer atajar este grave problema al que, afirman, destinan recursos “ridículos”: “Desde el año 2019 el Ayuntamiento ha reducido en un 60% el personal asignado a las labores de control y vigilancia de las VUT (pasando de 31 personas a las 11 actuales)”.

Según datos de las asociaciones vecinales, procedentes de la plataforma Inside Airbnb y otras fuentes que contabilizan alojamientos que no oferta AirBnB, la capital acumula actualmente más de 25.000 VUT, de las cuales al menos un 40% se encuentra en el distrito Centro. El mismo Ayuntamiento admite que el 98% de esos pisos turísticos son “ilegales”.

Aseguran que el Consistorio “ha preferido mirar para otro lado mientras el problema se extiende, haciendo la vida imposible a miles de vecinas y vecinos residentes, que cada día tienen que soportar ruidos, deterioro de zonas comunes, suciedad y problemas de seguridad procedentes de los pisos turísticos de sus edificios, o, directamente, se ven obligados a marcharse de su barrio por la presión de fondos especializados en este tipo de negocio”.

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