¿Puede la policía arrebatar el teléfono móvil a un ciudadano, ver lo que hay registrado en él y borrar las imágenes que le parezcan oportunas? La respuesta es un rotundo no. Sin embargo, eso fue lo que sucedió en la noche del miércoles en una calle de Lavapiés, según se observa en el vídeo realizado por un vecino y difundido por el Secretario de Antirracismo de Podemos, Serigne Mbaye, a través de sus redes sociales. En ese documento agentes de la Policía Nacional retienen en el suelo a una persona mientras eliminan imágenes de su teléfono sin su consentimiento, en una actuación claramente contraria a la legalidad.

La acción de estos policías podría vulnerar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de la persona retenida y ser motivo de denuncia ante las autoridades competentes: la sección de delitos informáticos de la misma policía o bien la Agencia Española de Protección de Datos.

Estos hechos se produjeron en el contexto de la amplia actuación policial, con despliegue de alrededor de 50 agentes, que tuvo lugar en Nelson Mandela a raíz de una identificación rutinaria de unos jóvenes y, seguidamente, de la mediación en una pelea que se estaba produciendo en la misma plaza. Como resultado de ella, cuatro personas fueron detenidas, dos de las cuales, un senegalés y un español, acabaron en comisaría por grabar el trabajo de los agentes.

Sobre este aspecto, cabe aclarar que es que no esté permitido grabar a la policía mientras opera en la vía pública, pero la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, indica que se deben respetar ciertos límites. Así, se prohíbe difundir imágenes cuando a través de las mismas se pueda identificar claramente a los funcionarios, poniendo con ello en peligro su integridad o la de sus familias, o se pueda comprometer el éxito de la operación que se esté llevando a cabo. Hacerlo puede tener consecuencias legales.

En este sentido, si la policía observa a alguien grabándola lo que puede hacer es identificar a esa persona para prevenir un posible mal uso de las imágenes que toma, pero nada más.

Por otra parte, negarse a esa identificación es incurrir en una infracción grave. Si en el momento de los hechos quien graba no lleva su documentación encima, o no accede a mostrarla a los agentes, puede ser conducida a comisaría para proceder allí a la identificación. 

Esta situación es la que se produjo ayer en los sucesos de Nelson Mandela al menos con dos personas y en uno de los dos casos la cosa se torció, acabando el detenido en el suelo sin conocimiento cuando agentes de la policía municipal decidieron inmovilizarlo y esposarlo pese a que, aparentemente, no ofrecía resistencia y accedía a acompañarlos a comisaría, versión que se sostiene gracias a los vídeos registrados por distintos testigos presenciales, que acusan a la policía de usar una fuerza desproporcionada con el detenido cuando la situación no lo requería. Grabar a la policía no es sólo algo legal sino que merced a la presunción de veracidad que la ley condede a la palabra de los agentes hacerlo puede ser clave para contrarrestar la versión de la policía en caso de conflicto. En Lavapiés, las denuncias, más verbales que formales, en contra de la policía por presuntos episodios de violencia y abuso es algo recurrente estando, en la mayoría de las ocasiones, relacionadas además con discriminación racial y racismo institucional, según los denunciantes.